Incipiente todavía y con necesidad de calmar años de destrato y falta de políticas consensuadas, la administración oficial comienza a dar las primeras señales de cambio y gestión.

Lo que primero destacan empresarios y sindicalistas es que existe un diálogo . Y que éste tiene una característica, por obvia que parezca la aclaración: es un ida y vuelta, no reuniones  monologadas de adoctrinamiento. Además, las reuniones gozan de cierta asiduidad, otro factor bien recibido.

No obstante, todavía no están dadas las condiciones para los anuncios, sólo para vislumbrar apenas una agenda de trabajo encaminada.

En primer lugar, una cuestión institucional históricamente relegada fue acelerada por la cartera que comanda el ministro Guillermo Dietrich al frente de Transporte, y tiene que ver con una normalización extrema de la Administración General de Puertos (AGP).

La AGP dejaría atrás su pasado de intervención y sufriría un cambio rotundo en su cuadro director: la Nación no sólo levantaría el statu quo actual, si no  que cedería a la ciudad de Buenos Aires una parte de la gobernanza, en partes que podrían ser casi iguales, con directores por ambas jurisdicciones. No trascendieron nombres ni cantidad de funcionarios que lo integrarían.

En segundo lugar, la propia AGP trabaja ya por mandato nacional en un plan ambicioso de reconversión de la terminal 6, en la dársena E más precisamente.

Allí hay galpones disponibles y el muelle cuenta con rieles operativos. Es el lugar donde el Estado operó la descarga de vagones, locomotoras y rieles como parte del plan nacional de reconversión ferroviaria.

La idea es desarrollar una terminal fluvio-marítima para la atención de las cargas de cabotaje, aunque todavía no está definido si el esquema será un llamado a licitación o si será un llamado a licitación o si será operada por el Estado. La idea que tienta al Gobierno es la de una alianza publico-privada.

En este caso puntual será puesta a prueba la capacidad de trabajo conjunto veloz entre las distintas reparticiones estatales.

Por un lado, la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Jorge Metz, deberá instrumentar los mecanismos necesarios para que ese cabotaje  sea factible para los armadores nacionales  y que la terminal no acabe por quedar desierta por la falta de un marco que tal como existe hoy, no lo hace viable.

Por otro lado, la Aduana, al frente de Juan José centurión, tendrá en este caso sobre todo un rol decisivo la hora de decidir facilitar el transbordo de cargas en el puerto de Buenos Aires. O desalentarlo, como hasta ahora.

Fuente LA NACIÓN